La discapacidad en el imaginario de los peruanos, según encuesta de DD.HH.

Con la finalidad de formar y  fortalecer las políticas públicas en materia de derechos, recientemente, el Ministerio de Justicia presentó la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos. El instrumento da cuenta de una serie de imaginarios e ideas preconcebidas sobre grupos en situación de vulnerabilidad. En el bloque de grupos de especial protección se incluye el tema de discapacidad.

Según  la encuesta, un 60% de entrevistados cree que todas las personas con discapacidad mental necesitan ayuda para tomar decisiones propias de la vida como casarse, viajar o comprar, etc. y el 53% considera que todos los niños y niñas con discapacidad intelectual deberían estudiar en colegios especiales y no en colegios regulares. La discapacidad ha dejado de asociarse como una condición inherente a la persona para ser asumida como una consecuencia de la interacción entre entre diferencia funcional y las barreras limitantes del entorno que impiden un ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.  Las barreras son de diversa índole: legales, administrativas y también actitudinales. La falta de accesibilidad en los espacios públicos y en las comunicaciones son perjudiciales pero lo son también los estigmas y estereotipos que persisten sobre esta población. Por ello demanda que los estados tomen medidas que faciliten la inclusión de este colectivo en las políticas públicas.

Las percepciones que recoge la encuesta parecen estar desconectadas del marco legal en materia de discapacidad. Tanto de acuerdo a la  Convención Internacional sobre los  Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la reforma peruana del Código Civil en materia de capacidad jurídica, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial tienen derecho a ejercer su capacidad legal por sí mismas, esto es tomar decisiones sobre todas las esferas de sus vidas, valiéndose de figuras de apoyo cuando así lo estimen pertinente. En lugar de insistir en el reemplazo de la voluntad, la respuesta estatal ahora está enfocada en potenciar la autonomía y permitir que las personas decidan por sí mismas o con apoyos.

El proceso de construcción de la autonomía es crucial y está vinculado, entre otras razones, a la exposición de estímulos educativos. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir educación en el marco de una escuela inclusiva. Sin embargo, llama la atención, además, que gran parte de los encuestados considere que las personas con discapacidad intelectual deben estudiar en colegios de educación especial, lo cual demuestra que aún persiste en la sociedad una mirada de segregación que no reconoce una educación que incluya a todas las personas y que valore la diversidad.

Este tema es especialmente relevante, considerando que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, un 88% de la población con discapacidad en edad escolar no está inserta en el sistema educativo; que la población considere que las personas con discapacidad no deberían estar en colegios regulares limita más el acceso de los niños y niñas con discapacidad al sistema educativo y continúa restringiendo sus derechos.

La educación es un derecho humano “habilitador” que permite el ejercicio de otros derechos como al trabajo, la participación política y el desarrollo en sociedad. Todas las personas deben recibir educación en los mismos espacios educativos, incluyendo a las personas con discapacidad; para ello, deben brindar accesibilidad, ajustes y apoyos para lograr que este grupo transite por la escuela en igualdad de condiciones. Es la escuela la que debe adaptarse, no deben ser los estudiantes con discapacidad separados por su condición. La educación inclusiva aporta en la construcción de sociedades más igualitarias y más justas.

Finalmente, el 25% de encuestados considera que las personas con discapacidad (física, sensorial o intelectual) son menos productivas en sus trabajos y generan más costos a sus empresas y el 14% cree que, en lugar de tratar de adaptar las calles (rampas, puentes) y construcciones, es mejor que las personas con discapacidad no tengan que salir de sus casas. No es una opción que las personas con discapacidad deban confinarse a sus viviendas como si no existiesen para la sociedad, es su derecho el participar de la vida en comunidad. Asimismo, la normativa vigente exige que el Estado peruano garantice accesibilidad universal e incorpore las medidas del diseño universal, para promover el uso simple y funcional al alcance de toda la población, incluida la población con discapacidad.

Aunque estos porcentajes no representan a la mayoría de entrevistados, resulta preocupante que un grupo de la población siga considerando que las personas con discapacidad no son productivas o que deberían estar encerradas en sus casas. Estos resultados dan cuenta de la poca visibilidad que tienen las personas con discapacidad en la sociedad, pese a que,  como indica el último Censo Nacional del 2017, en el Perú existe un 10.4% de personas con esta condición.

En el Perú, desde el 2012 está vigente la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que garantiza y protege los derechos de esta población. Esta norma contó con el respaldo de más de un centenar de organizaciones de personas con discapacidad, quienes aún continúan luchando para que se implemente la norma en el ámbito del empleo, educación y salud.

Además, en el 2018 se aprobó el decreto legislativo 1384, que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. En el marco jurídico hemos logrado grandes avances; sin embargo,  mientras no se cuestionen los estereotipos que existen sobre esta comunidad en los medios de comunicación y en las escuelas, quedará un largo trecho por recorrer en el camino de la inclusión para todos y todas.

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1 Ley General de la Persona con Discapacidad No 29973, capítulo III sobre accesibilidad,  Promulgada el 24 de diciembre de 2012

* Periodista colaboradora en SODIS y asistente legal en SODIS